La excandidata presidencial llegó la noche del viernes 23 de octubre a Riobamba, bajo un dispositivo de seguridad policial y militar. Su traslado se produjo después de que un juez ordenara prisión preventiva dentro de una investigación por presunto lavado de activos.
La excandidata presidencial Luisa González fue trasladada la noche del viernes 23 de octubre de 2026 a un centro penitenciario de Riobamba, provincia de Chimborazo, después de que un juez dictara prisión preventiva en su contra dentro del caso Laberinto, una investigación relacionada con el presunto lavado de activos y el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Traslado bajo resguardo policial y militar El operativo comenzó en Guayaquil, desde donde González fue trasladada por vía aérea hasta Latacunga, provincia de Cotopaxi. Posteriormente, el desplazamiento continuó por carretera hacia Riobamba, bajo un dispositivo de seguridad policial y militar. El ingreso al centro penitenciario se registró después de las 21h00 del viernes. Un convoy integrado por cuatro vehículos, entre ellos tres camionetas, llegó a las instalaciones mientras personal de seguridad resguardaba los exteriores. Durante el procedimiento también se registró la presencia de simpatizantes de la excandidata presidencial en las inmediaciones del establecimiento. Hasta la mañana del sábado 24 de octubre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no había difundido información detallada sobre las condiciones del traslado. Prisión preventiva por el caso Laberinto La medida cautelar fue dispuesta durante una audiencia de formulación de cargos desarrollada el viernes 23 de octubre. La Fiscalía General del Estado investiga presuntas irregularidades relacionadas con el origen y manejo de recursos destinados al financiamiento de la campaña presidencial de 2023. De acuerdo con la hipótesis fiscal, parte de los recursos investigados habría sido canalizada mediante operaciones financieras cuyo origen y finalidad son materia del proceso penal. La decisión judicial también incluyó prisión preventiva para otros dos procesados, mientras que una cuarta persona recibió medidas alternativas. Las investigaciones deberán determinar la existencia de posibles infracciones penales y las responsabilidades individuales de las personas involucradas. La investigación continúa La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar el desarrollo del proceso judicial y no representa una sentencia condenatoria. González mantiene la presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa, presentar pruebas e impugnar las decisiones judiciales conforme a la legislación ecuatoriana. Su traslado a Riobamba sitúa a la provincia de Chimborazo como uno de los escenarios del desarrollo de este proceso judicial de alcance nacional. Las próximas actuaciones estarán relacionadas con la continuidad de la investigación fiscal y las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes.
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