La audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto se instaló durante la noche del jueves 22 de octubre de 2026, después de que una primera convocatoria fuera declarada fallida por dificultades técnicas.
La Fiscalía General del Estado investiga a cuatro personas, entre ellas la excandidata presidencial Luisa González, por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento electoral de 2023. El juez Harry Navarrete convocó inicialmente la diligencia para las 22h00 del jueves. Sin embargo, a las 22h22, el sistema de la Función Judicial registró que no había sido posible establecer comunicación con las personas detenidas. Ante esa situación, la audiencia fue declarada fallida y se realizó una nueva convocatoria para las 23h30. Posteriormente, la Fiscalía informó que la diligencia se instaló. Personas investigadas La convocatoria comprende a Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre. La Fiscalía investiga posibles irregularidades en el origen y utilización de recursos destinados a financiar actividades de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. Según la hipótesis del Ministerio Público, parte de esos recursos podría estar relacionada con operaciones de comercialización ilegal de hidrocarburos. Esta afirmación corresponde a una línea investigativa que deberá ser sustentada mediante pruebas y evaluada por las autoridades judiciales. Nuevos elementos del expediente En una investigación periodística publicada a las 06h13 de este viernes, Primicias informó que tuvo acceso a nueve cuerpos del expediente procesal, integrados por cerca de 900 páginas. El medio identificó documentos relacionados con transferencias, conversaciones y declaraciones que forman parte de la investigación. Entre los elementos examinados constan presuntas operaciones financieras vinculadas con empresas del sector de combustibles. El reportaje señala que la Fiscalía analiza recursos por más de USD 725.000 supuestamente relacionados con el financiamiento de la campaña electoral. Presunción de inocencia La existencia de documentos, declaraciones o transferencias incorporadas a un expediente no permite establecer automáticamente que se haya cometido un delito. Las personas investigadas conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. La instalación de la audiencia tampoco equivale a una sentencia condenatoria.
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